Tensión en el Congreso: el debate del presupuesto 2027 enciende la pugna entre bloques

El Congreso Nacional vivió el martes una jornada marcada por la confrontación cuando se inició el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, una pieza normativa que definirá la política económica del país durante los próximos cuatro años. Según datos del Ministerio de Economía, el presupuesto asciende a 6,2 billones de pesos, con un aumento del 12% respecto al ejercicio anterior.

El bloque oficialista, encabezado por la presidenta y su equipo económico, defendió la propuesta señalando que los recursos adicionales son indispensables para financiar los programas sociales ampliados, la infraestructura pública y la inversión en energías renovables. “No podemos sacrificar la recuperación de la clase media ni la inversión estratégica que el país necesita”, declaró el ministro de Economía durante la exposición del proyecto.

Por su parte, la oposición, liderada por la coalición de la centroderecha, denunció una “imprudente expansión del gasto público” que, según ellos, profundizará la brecha fiscal y agravará la inflación. Los parlamentarios opositores exigieron recortes en partidas consideradas “inflacionarias”, como subsidios energéticos y algunos rubros del gasto corriente, y propusieron la creación de un comité independiente para supervisar la ejecución del presupuesto.

El debate se tornó más tenso cuando varios legisladores de la oposición interrumpieron la exposición con consignas y pancartas, mientras algunos miembros del bloque oficialista solicitaron la intervención del presidente de la Cámara para restablecer el orden. El presidente de la Cámara de Diputados, en un intento de contener la situación, suspendió momentáneamente la discusión y anunció que se abrirá una mesa de trabajo bipartita para buscar consensos antes de la votación final.

Analistas políticos advierten que la falta de acuerdo podría derivar en un bloqueo parcial del proceso legislativo, obligando al Ejecutivo a buscar recursos mediante decretos de necesidad y urgencia. La expectativa se mantiene alta mientras se acerca la fecha límite para aprobar el presupuesto, fijada para el 30 de junio, y la presión social por una gestión responsable de los fondos públicos se hace cada vez más evidente.